Adam Smith sostenía que el pago de aranceles por los servicios educativos que se reciben no solo constituyen un gran aliciente moral para que los educadores mejoren y proporcionen un buen servicio a sus alumnos, sino que también son una herramienta que desperdiga el control de quienes proveen la educación sobre quienes la reciben. El que una familia cambie de escuela a su hijo en atención a que no se haya conforme con el servicio que se le otorga a cambio del dinero que entrega, es la mejor manera para dar a conocer su desconformidad. De no ser así podría llegar a prevalecer el ideario pedagógico del docente o de los expertos en educación, dejando arriesgadamente a un lado la opinión de las familias. Este último fenómeno destacado por Smith es conocido en la actualidad como voto monetario del consumidor, según la nomenclatura introducida por los economistas Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, donde las personas pueden hacer valer su voz mediante la elección en el mercado, escogiendo a “A” sobre “B” pagando el valor que “A” solicita y retirándoselo a “B”. Método varias veces superior al proceso político de las elecciones mediante al cual se rige nuestro sistema escolar.
A pesar de que se escuchan algunas voces que sostienen la posibilidad de alargar los periodos presidenciales, el hecho es que la costumbre de escoger mediante el uso de las urnas es algo que las personas hacemos en intervalos de tiempo muy largos, en comparación a la posibilidad de escoger en el mercado, donde votamos de manera continua, siendo en nuestro país lamentablemente el mercado escolar una excepción.
Si pudiéramos aplicar el voto monetario del consumidor en el mercado escolar no nos veríamos afectados por los grupos de presión que anteponen sus intereses a los de las familias ni tampoco a quienes pretenden determinar qué cosas deben o no aprender nuestros hijos. Así, por ejemplo, serían los consumidores de educación los que establecerían si en la escuela a la cual se le entregó el voto de confianza se enseña o no determinada religión, haciendo mucho más expedita la eventual provisión del servicio, y sin tener la necesidad de recurrir al poder político para dirimir la situación.
Otra característica destacable del voto monetario del consumidor en el ámbito escolar respecto al voto político en las urnas, es que resulta mucho menos discriminador debido a que nos permite soslayar la obligatoriedad de escoger por una oferta paquetizada. Votar por un político, significa no solo permitirle que apoye determinadas ideas pedagógicas, sino que también tributarias, de vivienda, tributarias, entre otras. En cambio el voto directo en el mercado escolar nos puede llevar no solo a escoger profesores y escuelas, sino que también asignaturas a estudiar, pudiendo incluso fraccionar la compra entre más matemáticas y menos lenguaje. Tal cual como cuando comparamos en un supermercado, siendo la compra de conservas independiente de la compra de verduras, podríamos tener una compra de servicios escolares. Método altamente democrático y eficiente, donde la maximización de la utilidad de un consumidor no significa reducir la de otros.
A medida que el sistema escolar va evolucionando producto del impacto del voto monetario del consumidor, la calidad de aquel tiende a expandirse, siendo accesible a todos. Al igual como algunos bienes o servicios cuando han sido creados resultan inaccesibles económicamente a la mayoría de las personas, su demanda hace que al poco tiempo estén a disposición de quienes lo requieran. Lo mismo ocurre con la educación de calidad. El sistema, además hace más rica a nuestra sociedad dado que protege la libertad de enseñanza, incentiva la creatividad y la generación de conocimientos.
El voto monetario del consumidor a fin de operar de manera debida, al igual que el proceso político eleccionario requiere amplios espacios de acción. Esto significa libertad para ofrecer no solo proyectos educativos, sino que también currículos escolares, como asimismo para su administración; libertad en la gestión de las escuelas y el uso del dinero recaudado y libertad para las familias y los educandos al momento de escoger la escuela deseada. No contar con aquello conllevaría a tener un sistema escolar donde el voto del consumidor se traduciría en una simple captación de renta, tal cual como algunos políticos usufructúan de las prebendas burocráticas, herramientas de lucro personal y estatus social.
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